Maribel Bustillo, fiscal

Desarticulan banda que compraba niños • Las autoridades detuvieron a 14 personas, entre ellas la jueza de familia de Liberia, un abogado y empleados de clínica Silvia Coto Rojas scoto@prensalibre.co.crFotos: Jhonny Méndez, corresponsal Las autoridades realizaron 15 allanamientos en los que detuvieron a 14 personas sospechosas de integrar una banda dedicada al tráfico de menores.Una banda de costarricenses que se dedicaba a traficar niños para darlos en adopción fue desarticulada ayer por las autoridades, después de un año y ocho meses de investigación. En la acción policial fueron detenidas 14 personas como sospechosas, entre las cuales figuraban una jueza de familia, un abogado, trabajadoras de la clínica de Pavas, así como padres adoptivos. “La investigación inició en junio de 2006, cuando denunciaron la desaparición de una mujer con su niño en el sector oeste de la capital. Sin embargo, ella apareció tiempo después sin el menor y tras indagar en el caso, el niño fue ubicado con una familia adoptante, por lo que determinamos que se estaba ante tráfico de menores”, dijo Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Con tres casos en mano, los judiciales tras una ardua investigación decidieron allanar 15 puntos distintos, en Moravia, Pavas, Hatillo, Escazú, Curridabat, Atenas, Liberia y en el barrio La California, en San José. Cae abogado y jueza En el allanamiento en La California se detuvo a un abogado de apellido Soler, quien aparentemente era el cabecilla de la banda. Aunque parezca increíble, en el residencial El Sitio, en Liberia, fue detenida la jueza de familia de la zona, de apellido Araya, quien según los lugareños es una destacada y querida funcionaria. Los sospechosos tenían toda una organización montada, buscaban a las mujeres que no querían criar a sus hijos y les ofrecían dinero para hacerse cargo de ellos. Cuando los menores nacían, se encargaban de darlos en adopción. Según versiones extraoficiales, los detenidos recurrían a mujeres indígenas, sobre todo aquellas que deambulan por las calles josefinas, así como a drogadictas, inclusive trascendió que les pagarían ¢25 mil por el menor. Todos los trámites de adopción, según las autoridades, eran disfrazadas como legales, pero el delito surgía cuando se daba el pago de dinero, pues esto es condenado por las autoridades costarricenses. Facilitaba entrega de bebés “En cuanto a cómo operaban, el abogado se rodeaba de algunos de los detenidos para cometer el delito, ya que ellos posiblemente se encargaban de buscar a los niños y a las parejas adoptivas. En el caso de la jueza, serviría como medio de facilitación o promoción para la entrega de los bebés”, dijo Maribel Bustillo, fiscal del caso. El fiscal general, Francisco Dall’Anesse, recalcó la necesidad de que las leyes que se encuentran en el Asamblea Legislativa sean aprobadas, ya que en el caso del operativo efectuado ayer, la institución debió trabajar con las uñas, por no contar con las herramientas necesarias, mientras que las bandas organizadas crecen. Todos los detenidos fueron trasladados y presentados ante el Ministerio Público para las respectivas indagaciones. En el caso de la jueza, esta fue trasladada hasta San José por la avioneta del Ministerio de Seguridad Pública. Las autoridades definirán la situación de los padres adoptivos, quienes también fueron detenidos en las próximas horas. “El caso aún está en investigación y contamos con tres casos de menores. Aún faltan personas por detener, por lo que no descartamos que haya más niños que fueran comercializados por la banda”, dijo Bustillo. En el operativo participaron 85 agentes judiciales, 12 fiscales y 11 jueces. Artículo 376, Código Penal: Pena por tráfico de personas menores “Será reprimido con prisión de dos a cuatro años quien venda, promueva o facilite la venta de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza. Igual pena se impondrá a quien pague, gratifique o recompense con el fin de recibir a la persona menor de edad. La prisión será de cuatro a seis años cuando el autor sea un ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que venda, promueva, facilite o legitime por medio de cualquier acto la venta de la persona menor. Al profesional y al funcionario público se les impondrá también inhabilitación de dos a seis años para el ejercicio de la profesión u oficio en que se produjo el hecho.”